Una investigación documenta la presunta conformación de una red empresarial en España vinculada a Adriana Beatriz Ramírez Corrales, sobrina del ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, y a su esposo, Alfonso Tomás Núñez Troyano, a través de sociedades mercantiles, operaciones inmobiliarias y actividades en el sector ecuestre.
Según el expediente, Ramírez Corrales figura como administradora única de Delfins Leblom SL, constituida el 13 de marzo de 2014 en Madrid, con un capital inicial de 4.000 euros y dedicada formalmente a actividades de estética y mantenimiento físico . La sociedad fue posteriormente liquidada, aunque el registro refleja incidencias por falta de depósito de cuentas en ejercicios recientes .
En paralelo, Núñez Troyano aparece como administrador único de Olivariumm Proyectos SL, posteriormente denominada Cuadra Altamira SL, dedicada a la explotación de caballos y actividades inmobiliarias. La empresa declaró un capital suscrito de 120.000 euros y otorgó poderes al abogado Diego Mayoral García . La cuadra figura además como parte de un convenio con el Ministerio de Defensa para la cesión temporal del semental “Gael Legacy (IRE)” al Centro Militar de Cría Caballar, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de abril de 2021.
Otra sociedad relevante es Guaguamela 2018 SL, anteriormente Alhent Ingeniería y Proyectos SL, con domicilio en Bilbao. El Registro Mercantil refleja un capital suscrito de 5.704.000 euros y la condición de socio único y administrador de Héctor Gonzalo Núñez Troyano, hermano de Alfonso Núñez . La empresa también presenta cierres registrales por falta de depósito de cuentas .
Cuadra Toledo SL, con domicilio en el barrio de Salamanca de Madrid, declara un capital de 20.000 euros y registra igualmente incidencias por incumplimientos en el depósito de cuentas .
El expediente sostiene que el crecimiento patrimonial y la interrelación societaria entre los implicados, junto con la designación reiterada de un mismo apoderado, podrían configurar indicios de enriquecimiento no justificado, extremo que requeriría verificación judicial por parte de las autoridades competentes.
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