Por JC
Opinión
A principios de este año, un abogado venezolano-español, residenciado en Madrid, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en los Países Bajos, que en ese momento me pareció inverosímil.
Este letrado se dedica únicamente a defender y gestionar casos donde hay violaciones de derechos humanos. Las denunciantes eran un pequeño grupo de humildes y trabajadoras mujeres venezolanas, quienes con mucho esfuerzo lograron reunir el dinero para costear sus boletos aéreos y estadía —ida y vuelta— hasta la capital española. El resto de los gastos derivados de su alojamiento, transporte y alimentación, así como los honorarios profesionales del abogado, los cubrió la fundación a la que este último está adscrito.
Las denunciantes eran las madres y esposas de un grupo mayor de hombres en edades comprendidas entre los 25 y 45 años aproximadamente, unos 30 individuos en total, que habían sido reclutados —precisamente— en la misma localidad del estado Sucre de donde se cree que provienen los tripulantes de la supuesta narcolancha, que pocos días atrás habrían sido impactados por algún tipo de proyectil desde algún tipo de aeronave perteneciente a la fuerza armada estadounidense.
La totalidad de los tripulantes de la embarcación a la que hacemos referencia, que era de gran calado, unos 40 en total, desaparecieron luego de sufrir un solo gran impacto de lo que presumen era un avión no tripulado o dron.
Imagen referencial
Supuestamente, la nave estaba fondeada en aguas internacionales, entre Venezuela y Puerto Rico, y a bordo funcionaba una fábrica de municiones de distintos calibres, destinadas al uso de las Fuerzas Armadas y Cuerpos Policiales venezolanos. Un empresario, presuntamente de origen italiano, fue contratado para tales fines por el gobierno y la fábrica llevaba funcionando en alta mar alrededor de dos meses, hasta que la detectaron y la volaron. El argumento oficial, supuestamente, era que como consecuencia de los controles internacionales del gobierno de Donald Trump, había una grave escasez de estos elementos imprescindibles para la seguridad nacional.
La gran diferencia es que ninguno de los gobiernos involucrados dijo nada al respecto públicamente, pero los familiares de las víctimas tampoco lo harán, por temor a represalias.
Una copia de la denuncia presentada en La Haya, así como todos los datos relativos al abogado, los tenemos a buen resguardo.
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