Madrid, 24 de septiembre de 2025 – El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reactivado un caso que vuelve a colocar en el ojo del huracán a exfuncionarios venezolanos, bancos suizos y sociedades pantalla. El epicentro: el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, el empresario Leopoldo Betancourt y la supuesta utilización de la empresa Derwick Associates Corporation para mecanismos de blanqueo.
A continuación, un recorrido por las etapas más recientes del proceso, los elementos bajo investigación y los retos que enfrenta la justicia en este tipo de casos transnacionales.
1. Qué se está investigando exactamente
1.1 La causa y los implicados
El juez Pedraz abrió diligencias contra Villalobos y el empresario Betancourt por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Se apunta que la empresa Derwick podría haber sido usada como vehículo para canalizar fondos ilícitos hacia contratos con empresas públicas venezolanas. Betancourt fue detenido en Londres bajo una orden emitida por la Audiencia Nacional, aunque luego quedó en libertad.
1.2 Registros ordenados y comisiones rogatorias
En agosto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizó registros en propiedades vinculadas a Villalobos y Betancourt, por mandato de Pedraz. Estas acciones obedecen a una comisión rogatoria desde Suiza, donde también hay un procedimiento abierto por blanqueo con relación a Venezuela. Uno de los inmuebles registrados fue el castillo de Alamín, en Toledo, que durante años perteneció al empresario español Gerardo Díaz Ferrán, condenado en el pasado por delitos económicos.
1.3 Operaciones y vínculos sospechosos
Según fuentes judiciales, Villalobos habría presentado ante un banco en Andorra un contrato firmado por su esposa, a través del cual la sociedad Ingespre (vinculada a Derwick) “ayudaría a Derwick a conseguir adjudicaciones con empresas públicas venezolanas”. También hay antecedentes paralelos: Villalobos ya está procesado en el caso Duro Felguera, centrado en supuestos sobornos a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos de obras.
2. Estado procesal y principios legales en juego
2.1 El secreto del sumario
Las actuaciones judiciales y policiales relacionadas con este caso están declaradas bajo secreto de sumario, una medida que limita la divulgación pública de detalles específicos. Esto suele ser habitual en causas complejas de corrupción o blanqueo, para proteger la investigación y evitar la destrucción de pruebas.
2.2 Cooperación internacional
El proceso depende en gran parte de la colaboración entre jurisdicciones. Suiza ha remitido la comisión rogatoria que habilitó los registros en España, y la presencia de operaciones bancarias en entidades suizas es un nexo clave para encuadrar la causa dentro del ámbito del blanqueo con dimensión internacional.
2.3 Garantías procesales y presunción de inocencia
Aunque la investigación avanza con medidas coercitivas (registros, incautaciones, órdenes judiciales), los imputados aún no han sido condenados. Desde el entorno de Villalobos ya se ha manifestado que acudirán a acciones legales si consideran que se ha vulnerado algún derecho, y su defensa sostiene “absoluta inocencia”.
3. Riesgos, desafíos y lecciones del caso
3.1 Dificultades probatorias
Cuando se trata de delitos económicos transfronterizos, probar la cadena del origen ilícito al destino lícito (o aparentado) es complejo. Las estructuras societarias opacas, los paraísos fiscales y el uso de bancos en jurisdicciones con secreto bancario complican la labor de la fiscalía.
3.2 La presión política y mediática
Dada la naturaleza política del caso, no solo hay interés jurídico: existe un fuerte componente mediático y diplomático que puede afectar percepciones y presiones externas.
3.3 Coordinación entre jurisdicciones
La fuerza investigadora dependerá en gran medida del grado de cooperación entre España, Suiza, Andorra y otros países donde podrían aparecer rastros de fondos o activos vinculados. Si alguna jurisdicción es reticente, eso puede debilitar el caso.
3.4 Precedentes y mensaje contra la impunidad
Este caso no es aislado: se enmarca en una serie de procedimientos judiciales centrados en la corrupción venezolana, los contratos públicos y la salida de capitales hacia el exterior. Si prospera, podría servir como precedente para futuras investigaciones.
4. Proyección y posibles escenarios
En el corto plazo, los fiscales y la UDEF deben analizar la documentación recogida en los registros, rastrear transferencias bancarias y profundizar en las estructuras societarias relacionadas con Derwick.
En etapas posteriores, es probable que se soliciten citaciones a declarar como imputados para Villalobos, Betancourt y otros actores vinculados.
Si la acusación logra sustentar pruebas suficientes, podría concretarse la petición de medidas cautelares: embargo de bienes, bloqueo de cuentas internacionales, e incluso órdenes de detención.
En paralelo, la defensa seguramente impugnará actos procesales, alegará nulidades o planteará recursos, suponiendo un litigio jurídico prolongado.
Fuentes:
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El Periódico: La UDEF registra por orden de Pedraz propiedades vinculadas a Villalobos y Betancourt
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Swissinfo: El exviceministro venezolano Villalobos, investigado en España por delitos de blanqueo
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