Llevo dos noches seguidas estudiando a fondo y contrastando diferentes fuentes de información, que me permitieran documentarme lo suficientemente bien para entender y poder compartir con ustedes una visión más amplia y precisa de este complejo tema.
Creo que en la extraordinaria e irrefutable investigación que realizó nuestro equipo sobre la relación entre el narcotraficante colombiano José Guillermo “Ñeñe” Hernández Aponte y su socio Waldo Rujano Mora le faltan algunos aspectos más globales y una perspectiva que les haga más fácil comprender la gravedad y consecuencias de dicha relación.
Iniciaremos desde la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien propinó un golpe de Estado en 1953 y gobernó a Colombia hasta 1957, cuando debió renunciar ante un paro cívico-empresarial y se vio obligado a renunciar.
Sorprendentemente, y a pesar de la persecución judicial en su contra, regresó a la vida política y ganó las elecciones de 1970, pero se impuso un fraude electoral para desconocer su triunfo y declarar como ganador a Misael Pastrana.
Algo similar sucedió años después de su derrocamiento con Marcos Pérez Jiménez, cuyo partido político, la Cruzada Cívica Nacionalista, casi obtiene la mayor cantidad de votos en las elecciones de 1968, y Pérez Jiménez resultó electo senador. Pero la Corte Suprema de Justicia invalidó su elección.
EL CARTEL DE LOS SOLES Y SUS MIEMBROS FUNDADORES
A lo largo de esta investigación no encontré ninguna relación de Nicolás Maduro y/o Diosdado Cabello con el llamado “Cartel de los Soles”, de manera directa. De lo que sí tengo documentación es de la participación, en sus inicios, de Walid Makled, Wilmer Ruperti, Hugo “El Pollo” Carvajal, Pedro Luis Martín Olivares, general Luis Felipe Acosta Carles, Carlos Anasi Turchio, Carlos Órense, Luis Marín, Walter Alexander Del Nogal Márquez, los hermanos Carlos y Clíver Alcalá Cordones, el empresario Vittorio Di Stefano, Tareck El Aissami y su familia, Jorge García Carneiro, Julio García Montoya, Benito Robles, Néstor Reverol, Luis Motta Domínguez, Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, Alexis Maneiro, los hermanos Miguel y José Francisco Alcón Matos, y Hugo Chávez. Este último había evidenciado, desde que era teniente coronel, su disposición de concretar una alianza con la guerrilla colombiana y recibir financiación del narcotráfico del país vecino para tomar el poder.
Realmente, sus fundadores fueron Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, quienes se acostumbraron a ese juego perverso de la DEA de las “entregas controladas”: pactar con unos carteles para beneficiar a otros y recibir beneficios de lo incautado: drogas, propiedades o dinero.
No olvidemos el escándalo IRÁN/CONTRAS, donde quedó evidenciado que la CIA financiaba a grupos armados para deponer gobiernos con dinero que provenía del tráfico de drogas de Manuel Antonio Noriega desde Panamá.
En todo caso, podrían ser acusados por tolerar, permitir o hacerse desde Panamá la vista gorda con relación a alguna actividad de este tipo, pero no he encontrado una imagen o documento donde sea contundente su implicación.
LA GRAN SORPRESA: NUEVOS ELEMENTOS DESCUBIERTOS POR NOSOTROS IMPLICAN COMO AUTORES INTELECTUALES DEL ASESINATO DEL ÑEÑE HERNÁNDEZ A EL “MATARIFE” ÁLVARO URIBE, TOTO ARIZA, WALDO RUJANO Y MARÍA MÓNICA URBINA
María Mónica Urbina estaba muy clara en relación con las remotas posibilidades que tenía para quedarse con la herencia. Primero, por las acciones judiciales de los hijos de Hernández y, luego, por parte de la justicia colombiana, que confiscaría los bienes, como finalmente sucedió. Ariza y María Mónica unieron fuerzas para acabar con la vida del Ñeñe.
María Mónica Urbina estaba cansada de sus malos tratos, abusos e infidelidades.
Toto y ella empezaron un intenso romance, lo cual los motivó a ejecutar el plan.
Por último, se impuso la astucia de María Mónica: ella conocía a los testaferros y empleados, las inversiones y los negocios en plena productividad, donde ella sí tenía control.
Waldo Rujano traicionó al Ñeñe, también obedeciendo a su avaricia, animado por la protección que le brinda Álvaro Uribe.
De igual forma, traicionará a Nicolás y a Diosdado, a cambio de no sufrir los rigores de la Ley RICO.
NARCOTRAFICANTE “MARQUITOS” FIGUEROA
EX REINA DE BELLEZA Y VIUDA MARIA MONICA URBINA
NARCOTRAFICANTES TOTO ARIZA Y ÑEÑE HERNANDEZ. ( AGRÉGALE ESTE ENLACE PARA QUE LA GENTE PUEDE ACCEDER Y CONOCER SU MODUS OPERANDI)
Después de la salida de Rojas Pinilla del poder, todos y cada uno de los presidentes de Colombia, sin excepciones, han estado vinculados al narcotráfico, de una u otra forma, para poder gobernar. Han tenido que pactar, ceder espacios, negociar, aceptar dinero e imposiciones. Conservadores y liberales, izquierdistas y derechistas, Pacto Histórico y Centro Democrático, directa o indirectamente, tienen vinculaciones con algún grupo relacionado con las drogas.
Los capos del Cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, financiaron a candidatos presidenciales y a otros puestos de elección popular. Pablo Escobar llegó más lejos: resultó electo representante, controlaba directamente a congresistas, gobernadores, jefes policiales, parlamento y Asamblea Nacional Constituyente.
Cuando comenzó la guerra armada entre unos y otros grupos, se conformaron poderosos bloques armados alrededor de cada uno: guerrilleros vs. autodefensas, Cartel de Cali vs. Cartel de Medellín, FARC vs. ELN, etc. Después fueron mutando: disidencias, frentes, Oficina de Envigado, etc.
Se dividen por regiones (políticas, terratenientes, carteles, etc.), tipo de cultivos, etnias o grupos político-familiares influyentes y dominantes. Para nadie es un secreto que la Federación de Ganaderos, presidida actualmente por el esposo de la senadora María Fernanda Cabal, desde hace décadas financia sus propios grupos armados tipo mercenarios. Y que, desde hace unos 50 años atrás, Álvaro Uribe y su familia han tenido el mayor número de mercenarios, ordenado el mayor número de ejecuciones, acumulado la mayor cantidad de tierras y coordinado la mayor cantidad de cocaína que se exporta fuera de Colombia. Su poder político y financiero le permite eso y mucho más, así como mantener una estructura financiera capaz de blanquear cientos de millones de dólares en todo el mundo.
Álvaro Uribe tiene una influencia tal, que impuso como presidentes a Juan Manuel Santos e Iván Duque, y seguramente imponga al sucesor de Gustavo Petro. Meses atrás, el candidato de la Federación de Ganaderos era miembro de la “huella Uribe”, para lo cual contrataron como asesor al vendedor de humo Lester Toledo.
Pero tengan algo presente: uno de los narcotraficantes de mayor confianza de Álvaro Uribe fue José “Ñeñe” Guillermo Hernández Aponte, y uno de sus testaferros y cómplices era Waldo Rujano Mora.
A partir de este punto la trama se pone más interesante: el “Ñeñe” fue asesinado por sicarios en Brasil que simularon un atraco. Los verdaderos autores intelectuales que planificaron su muerte fueron su socio Toto Ariza, su esposa y viuda en la actualidad, la exreina de belleza María Mónica Urbina, y contaron con la complicidad y el silencio de Waldo Rujano Mora, así como con la protección del expresidente Álvaro Uribe (alias El Matarife), para que la Policía Federal de Brasil, en complicidad con la de Colombia, señalara como responsable de la autoría intelectual al también narcotraficante Marquitos Figueroa y a unos supuestos sicarios-atracadores contratados por este.
La exreina de belleza María Mónica Urbina sabía que no se quedaría con herencia alguna: o se la incautaban o los hijos la pelearían judicialmente. También sabía que los bienes materiales —fincas, inmuebles— correrían la misma suerte. Por ello, ella y Ariza reclutaron a “El Enano” Rujano Mora para quedarse con los negocios que generan cientos de miles de dólares semanalmente, y a su familia para que les sirviera de testaferros y encargados de legitimar buena parte del dinero a través de una compleja y poderosa estructura corporativa, con empresas inmobiliarias en los Estados Unidos, empresas de alimentos en Colombia, producción ganadera y láctea en Venezuela, e inversiones en Panamá, Suiza y España.
Me gustaría saber si el Ministro Diosdado Cabello:
A) Está actuando con ingenuidad,
B) No interviene porque Freddy Bernal controla su propio territorio y allí no tiene mayor injerencia,
C) En realidad existe un entendimiento tácito con Álvaro Uribe,
D) Sus equipos de inteligencia lo desinforman u omiten información relevante,
o
E) Todas las anteriores.
LA ÑEÑEPOLÍTICA
En marzo de 2020, el periodista de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén, reveló (fuente) audios en los que María Claudia Daza, exasistente de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y mano derecha del expresidente Álvaro Uribe Vélez, confirmaba el ingreso de dinero “por debajo de la mesa” para financiar la candidatura de Iván Duque en la segunda vuelta en La Guajira, en 2018.
Quien aportó el dinero fue José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, acusado de mezclar dineros del narcotráfico con la venta ilegal de gasolina venezolana.
Hernández era hijo de un amigo del papá de Duque (fuente) y, según relató José Manuel Aponte Martínez (fuente), primo de Beatriz Aponte, la esposa de Aristides y madre del Ñeñe, Duque y el ‘Ñeñe’ se conocían desde niños.
Eso es algo que Duque ha negado:
“Yo fui por primera vez a Valledupar en 1995, acompañado por mi padre. Fue la primera y única visita mía a Valledupar en 20 años, y en ese viaje conocí al padre de José Hernández, el doctor Aristides Hernández, conocí a su madre y conocí a su hermano. A José Hernández no lo conocí en esa ocasión… lo conocí en los últimos cuatro años quizás”, dijo (fuente).
El ‘Ñeñe’ le hizo campaña pública a Iván Duque en Valledupar. De hecho, sí estuvo en una reunión oficial de campaña, convocada por el cantante uribista Poncho Zuleta en su casa de campo.
En noviembre de 2020, Noticias Caracol reveló (fuente) más audios en los que ‘Cayita’ Daza le cuenta a Juan Manuel Daza, exmiembro de la UTL de Uribe y exviceministro del Interior de Duque, que el ‘Ñeñe’ puso “20 millones en publicidad” de su bolsillo. Esa plata no aparece reportada en el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral.
Además, en uno de los audios, ‘Cayita’ Daza conversa con una persona a quien identifica como Lucho, sobre mil millones de pesos que habría recogido el ‘Ñeñe’ con empresarios para la campaña. Ese mismo interlocutor le dice a ‘Cayita’ que el Ñeñe va a viajar a Bogotá para recoger más plata.
2. La revolución molecular disipada
En medio de la jornada más larga de protestas, en mayo de 2021, el expresidente Álvaro Uribe, padrino político de Iván Duque, publicó un trino con una “receta” para afrontar las movilizaciones:
Fortalecer FFAA, debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP. Y con narrativa para anular su accionar legítimo;
Reconocer: Terrorismo más grande de lo imaginado;
Acelerar lo social;
Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa.
La quinta recomendación causó gran revuelo, pues aludía a la teoría difundida por el neonazi chileno Alexis López.
López fue invitado dos veces a la Universidad Militar Nueva Granada, una de ellas en julio de 2020, por su rector, el general Luis Fernando Puentes, a dar charlas sobre su teoría de la revolución molecular disipada. Se trata de la universidad donde se forman académicamente muchos de los militares del país.
Con un lenguaje bélico, López enmarca toda movilización social en una guerra civil, en la que un grupo intenta tomarse el poder y las fuerzas militares tienen la función de velar por un orden en riesgo.
“Se produce un estado de guerra civil horizontal, molecular y disipado”, dice en las conclusiones de su intervención en la Universidad Militar.
3. El Ñeñe en la posesión presidencial
María Mónica Urbina y el Ñeñe Hernández fueron invitados a la posesión de Iván Duque el 7 de agosto de 2018.
Según un relato (fuente) del uribista Sergio Araújo Castro, Hernández llegó a la posesión después de asistir, el 6 de agosto de 2018, a una celebración en Andrés Carne de Res organizada por Juliana Márquez —madre del presidente—, Glorisa Ramírez y él mismo.
En 2021, se hizo viral una foto en la que aparecía el Ñeñe Hernández con la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen:
La @mintic y el Ñeñe. Gran combo.
pic.twitter.com/e0rRCNjagr
— María Jimena Duzán (@MJDuzan) 13 de agosto de 2021
Al revisar el perfil de María Mónica Urbina (Instagram), viuda del Ñeñe, La Silla encontró que la foto fue publicada el 8 de agosto de 2018, al día siguiente de la posesión de Iván Duque como presidente y de Karen Abudinen como su Alta Consejera para las Regiones.
La imagen fue tomada en el restaurante Andrés Carne de Res en Bogotá y coincidiría con la versión de Araújo.
Es cierto que el Ñeñe estuvo en la posesión de Duque.
ASÍ ES COLOMBIA
En Colombia, los funcionarios públicos elegidos por voto popular —presidentes, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados y concejales— invierten en sus campañas miles de millones de pesos aportados, previo acuerdo sobre la repartija burocrática, por los gremios empresariales: industriales, terratenientes, banqueros, narcotraficantes, etc., más los caudales saqueados al erario.
Una vez elegidos o elegidas, nombran en los altos cargos a las “fichas” previamente pactadas con sus financiadores: ministros, presidentes y gerentes de empresas e instituciones del Estado como Ecopetrol, Colpensiones, superintendencias, DAPRE, UNGRD, SAE, etc., y adjudican lucrativos contratos previamente comprometidos. Repartida la fronda burocrática, el elegido, junto con su equipo de gobierno, adjudica mediante licitaciones amañadas megacontratos de obras de infraestructura y de prestación de servicios, con los cuales recupera el capital invertido en la campaña, acumula colosales ganancias y entrega la correspondiente coima al gobernante y sus funcionarios.
En este círculo vicioso se concreta y se reproduce cada cuatro años el saqueo de los recursos del erario, con el consentimiento y bajo el control de sus respectivos partidos.
La corrupción es una práctica criminal exclusiva del establecimiento. La llamada institucionalidad ha sido construida a la medida de los intereses de los amos del poder económico y político. Los corruptos son los de arriba, la “gente de bien”: los que administran el erario, los presupuestos de las instituciones, los negocios y los bienes de la nación.
Durante el Frente Nacional y su prolongación hasta la última década del siglo pasado, la corrupción fue patrimonio exclusivo del bipartidismo. Liberales y godos se repartieron milimétricamente los cargos públicos y convirtieron sus partidos en dos grandes empresas electorales, que, mediante las prácticas corruptas del clientelismo y la compra de votos —costeada con los dineros saqueados del erario, amén de las coimas recibidas por los megacontratos adjudicados a sus financiadores— se perpetuaron en el poder.
Los gobernantes del bipartidismo y de la nueva alianza de extrema derecha neoliberal —conformada por los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, de la U, etc.— han cometido todos los delitos contra la administración pública y el patrimonio público tipificados en la ley penal: peculado, cohecho, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, fraude administrativo, conspiración o colusión, tráfico de influencias, conflicto de intereses, abuso de autoridad, obstrucción a la justicia, nepotismo, uso indebido de información privilegiada, extorsión, desvío de recursos públicos, falsificación y alteración de documentos públicos. No conformaron una simple alianza política, sino una verdadera asociación para delinquir.
Además de enriquecerse y acrecentar las arcas de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras —amén de lavar las fortunas de las mafias del narcotráfico— han continuado con inveteradas prácticas tipificadas como delitos políticos en el código penal: manipulación electoral, fraude electoral (inaugurado por Carlos Lleras Restrepo con el robo de las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla en 1970), clientelismo político, compra de votos, coerción o constreñimiento, armado y paramilitarización de poblaciones enteras para obligarlas a votar por Álvaro Uribe y los candidatos y candidatas de la alianza mafiosa y neoliberal, financiamiento legal e ilegal de campañas electorales. Delitos que, en su inmensa mayoría, quedaron sepultados en la impunidad.
La práctica de los delitos políticos es de vieja data. Documentos recientemente desclasificados por el gobierno estadounidense revelan las advertencias del presidente Jimmy Carter (1977–1981). En “La lista negra de Jimmy Carter en Colombia” (julio de 1977), se incluye una carta dirigida al presidente Alfonso López, advirtiéndole sobre vínculos de por lo menos 30 altos funcionarios de su gobierno, entre ministros y generales de las FF. AA.
Las Fuerzas Armadas y policiales han tenido vínculos con organizaciones de narcotráfico, además del entonces candidato Julio César Turbay y el propio hijo del mandatario, Juan Manuel López Caballero. Ernesto Samper presuntamente recibió dineros del cartel de los Rodríguez Orejuela (Proceso 8.000) para financiar su campaña presidencial; lo propio ocurrió con el expresidente Andrés Pastrana, según lo declaró, en su momento, uno de los integrantes del clan mafioso de los Rodríguez Orejuela.
No se puede olvidar que, por orden de Uribe, se compraron votos en el Congreso (yidispolítica) para garantizar su reelección.
Salvatore Mancuso, Jorge 40, alias “Mono Leche” y otros jefes paramilitares —traicionados por su creador y patrocinador— declararon que hicieron campañas a punta de bala para obligar a la ciudadanía a votar en dos oportunidades por Álvaro Uribe; que aportaron sumas millonarias a sus campañas; y que asesinaron líderes y lideresas de oposición por orden del exmandatario.
Por otra parte, Juan Manuel Santos, candidato del Partido de la U, y Óscar Iván Zuluaga, candidato del Matarife, según revelaciones de la justicia estadounidense, recibieron recursos de la multinacional Odebrecht para sus respectivas campañas presidenciales en 2014.
Iván Duque logró su elección como presidente de la República en 2018 mediante la compra de votos con dineros recolectados entre narcos de la región por el narcotraficante alias “El Ñeñe Hernández” y con capitales aportados por los clanes Char y Gerlein en la Costa Atlántica.
El poder hegemónico ha recurrido a la violencia para impedir, bajo amenaza de muerte, que líderes y lideresas de oposición participen como candidatos/as a cargos de elección popular. Han cometido prevaricato, porque mediante resoluciones contrarias a la ley beneficiaron intereses propios o de terceros. Bajo protección de su padre en la presidencia, se enriquecieron los hijos del Matarife.
Jueces, magistrados, la Comisión de Acusaciones y los organismos de control absolvieron a expresidentes, ministros, gerentes y directores de entidades estatales por delitos cometidos contra el patrimonio público. La Fiscalía General de la Nación, en no pocos casos, ha cumplido la misión de cubrirle las espaldas a los mandatarios y sus respectivas pandillas gobernantes, mediante el cierre de investigaciones con el recurrente argumento de “falta de pruebas”. Así ha ocurrido —presuntamente— con los últimos gobernantes: Pastrana, Uribe, Santos y Duque.
El más reciente ejemplo es el caso de los sobornos por miles de millones de dólares entregados por la multinacional Odebrecht y el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo tanto al candidato de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, como a Juan Manuel Santos (reelegido), para sus respectivas campañas presidenciales en 2014. Delitos que salieron a la luz porque la justicia norteamericana hizo pública la multa de US$80 millones que, por soborno a funcionarios públicos, fue obligado a pagar el billonario banquero dueño del Grupo Aval.
Pero, pese a las contundentes evidencias, los corruptos fiscales Humberto Martínez y Francisco Barbosa cerraron y archivaron las investigaciones, o dilataron los procesos para lograr su preclusión. Gracias al servilismo cómplice de los fiscales generales corruptos y al “tapen, tapen” de los medios corporativos, la impunidad sigue reinando en las altas cumbres del poder.
Queda claro que las raíces de la corrupción se encuentran en el andamiaje jurídico e institucional cuidadosamente diseñado y construido a lo largo de la histórica hegemonía de la alianza multipartidista de la extrema derecha neoliberal.
Con el pretexto de reducir el tamaño del Estado, superar su supuesta ineficiencia, atraer inversión privada y modernizar los sectores estratégicos, los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, a lo largo de tres décadas, despojaron al Estado de su misión de administrar los bienes y recursos públicos y de desarrollar obras públicas de infraestructura y prestación de servicios esenciales a la población. Para ello, dictaron normas que dieron vía libre a la privatización de lo público y a su hermana gemela: la corrupción.
Con la Ley 100 de 1993, entregaron “en administración” los recursos de la salud al capital financiero que, con inversiones irrisorias, conformó las EPS como entidades aseguradoras y promotoras de salud. Durante más de 30 años, estas recibieron miles de billones de pesos para que los invirtieran en la salud de la clase trabajadora y las poblaciones vulnerables; sin embargo, los destinaron al lucro y la acumulación, arruinaron la red hospitalaria pública, llenaron las arcas de empresarios y políticos corruptos, y precarizaron el trabajo de médicos y trabajadores de la salud.
En el más reciente hallazgo de la ADRES, se encontró que las EPS reportaron datos falsos sobre gastos en 2023, como la supuesta atención a 23.000 personas fallecidas entre 2020 y 2022, a un aparente costo de $80.000 millones; sobrecostos en la compra de medicamentos por $138.000 millones; y procedimientos cuyo precio real era de $3.800.000, pero que fueron pagados a $780 millones. Con estas prácticas, arruinaron el sistema de salud y lo sumieron en una crisis prácticamente insuperable.
Con las leyes 142 de 1994, 226 de 1995 y 1508 de 2012, privatizaron la prestación de servicios públicos esenciales como agua potable, energía eléctrica, telefonía, aseo y saneamiento ambiental, y crearon las APP (Alianzas Público–Privadas). Enajenaron la participación accionaria del Estado en empresas públicas, privatizaron activos estatales y reglamentaron la participación del sector privado en la financiación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública.
Uribe vendió activos del patrimonio público como Telecom (hoy Movistar) al grupo español Telefónica; Bancafé al hoy banco Davivienda; y empresas del sector energético como Ecogas (vendida a la empresa privada Promigas), ISAGEN, Electrocosta, Electrohuila, Centrales Eléctricas del Norte de Santander, de Nariño, Electricaribe, entre otras. Igualmente, desmantelaron los Ferrocarriles Nacionales y liquidaron el Banco Central Hipotecario. Fueron billones recolectados con dichas enajenaciones, destinados a la contratación de obras de infraestructura, muchas de las cuales se convirtieron en elefantes blancos, y el dinero se esfumó en las arcas de los contratistas y sus cómplices en el alto gobierno.
La clase trabajadora ha sufrido las consecuencias de la corrupción. Con la Ley 789 de 2002 del gobierno de Uribe, se incrementó la sobreexplotación laboral: despojaron a los trabajadores de derechos laborales para reducir costos a los empresarios; ampliaron la jornada diurna hasta las 10:00 p.m. para no pagar trabajo nocturno; disminuyeron las indemnizaciones por despidos sin justa causa; eliminaron los contratos a término indefinido, reemplazados por contratos temporales, incluso por horas; subsidiaron a empresarios que “crearan” empleos que nunca se crearon; precarizaron el empleo y redujeron el pago de horas extra y los recargos nocturnos.
Con estas contrarreformas favorecieron la acumulación de capital a costa de despojar a la clase trabajadora de sus derechos y someterla a salarios de miseria. Con el cínico argumento de que “a Colombia la está matando la pereza”, el Matarife sometió a la clase trabajadora a largas jornadas laborales con salarios irrisorios; así les ahorró billones a los explotadores.
Los casos de corrupción han sido y seguirán siendo parte del diario acontecer mientras impere el sistema capitalista y el Estado liberal con sus instituciones en Colombia.
Un informe reciente de Transparencia por Colombia señala que, entre 2016 y 2022, se registraron más de 1.243 casos de corrupción —207 casos por año— que le costaron al erario $137,65 billones de pesos. No se incluyen aquí los ocurridos durante los dos periodos de gobierno de Uribe, que deben sumar otros tantos. Mencionarlos todos sería una tarea interminable, pero se pueden destacar algunos que alcanzaron la categoría de megaescándalos:
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Los miles de billones de pesos saqueados al sistema de salud.
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REFICAR (Refinería de Cartagena), donde ministros, gerentes de Ecopetrol y multinacionales gringas despojaron al Estado de $17 billones.
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El carrusel de la contratación, protagonizado por los nietos del general Rojas Pinilla y el Clan de los Nule, que defraudaron a Bogotá en cientos de miles de millones.
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Agro Ingreso Seguro, del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, que repartió cientos de miles de millones entre terratenientes y empresarios amigos del expresidente Uribe.
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El Cartel de las Marionetas, integrado por el senador liberal Mario Castaño, senadores del Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U y Pierre García, director del DPS durante el gobierno de Duque.
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Los carteles de la hemofilia en los gobiernos departamentales de Córdoba.
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El robo de los dineros del PAE (Programa de Alimentación Escolar), destinado a niñas y niños de escuelas públicas.
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La llamada «abudineada»: desvío de $70.000 millones del programa de conexión digital para centros educativos en zonas apartadas.
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El saqueo masivo a la UNGRD, en cabeza de Eduardo José González Angulo, del gobierno Duque.
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La millonaria defraudación al DPS, bajo la dirección de Pierre Eugenio García Jacquier (prófugo) y, según denuncias, con participación de la madre del expresidente.
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El desvío de billones adquiridos mediante empréstitos internacionales para atender la pandemia del COVID-19, entregados a grandes corporaciones, con una secuela de muertes que se hubieran podido evitar.
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El escándalo de la compra del software espía Pegasus por US$11,5 millones, que implica no solo al gobierno de Duque, sino también al gobierno de los Estados Unidos, como una incuestionable acción de lavado de activos y una violación a la soberanía nacional.
La inmensa mayoría de estos casos quedaron en la impunidad por preclusión calculada o por procesos que, salvo contadas excepciones, no avanzaron. Todos en la impunidad.
El reciente escándalo de los carrotanques de la UNGRD
Durante el actual gobierno, estalló el escándalo de los carrotanques de la UNGRD, encabezado por el convicto y confeso Olmedo López, del Polo Democrático y el Pacto Histórico; y Sneyder Pinilla, del clan uribista de los Aguilar. También aparecen implicados:
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El senador Iván Name (Partido Verde)
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El representante Andrés Calle (Partido Liberal)
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Carlos Ramón González (Partido Verde, exdirigente del M-19)
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Pedro José Castro (exsenador liberal)
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Sandra Ortiz (Partido Verde, exconsejera para las regiones de la Presidencia)
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Y varios parlamentarios y funcionarios del Congreso nombrados en el proceso.
Según informes del periodista investigador Alfredo Serrano, la actual canciller del gobierno Petro, Laura Sarabia, también estaría implicada en este sonado escándalo.
A diferencia del silencio cómplice de gobiernos anteriores, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente a los implicados, Olmedo y Sneyder, y exigió que la pena incluyera la devolución de los recursos robados.
Hasta hoy, las instituciones del Estado liberal y sus funcionarios han estado al servicio de la corrupción como fuente de acumulación de capital y como cómplices de gobernantes y funcionarios corruptos. Mientras exista el capitalismo y los Estados liberales, la corrupción será el pan de cada día de la humanidad.
La matriz de la corrupción es la institucionalidad del Estado capitalista
31 de enero de 2025
Autor: JOSÉ ARNULFO BAYONA*
UNA VEZ MÁS OSWALDO CISNEROS APARECE VINCULADO AL NARCOTRAFICO
Un audio filtrado causó estupor, donde textualmente la presidenta del partido uribista, Nubia Stella Martínez, habla de los “300.000 dólares que dio el venezolano”.
El “inversionista” en la alta política nacional resultó ser Oswaldo Cisneros, dueño de Digitel y accionista de una importante empresa embotelladora de bebidas gaseosas en Venezuela, pero, por sobre todo, buscador de contratos petroleros en Colombia.
Ahora bien, el problema no era el origen del dinero, sino la nacionalidad del donante.
Igualmente, la opinión pública local acusó al multimillonario Cisneros, de origen cubano-venezolano y capitalista en Canadá, por su cercanía con Nicolás Maduro.
El detalle era que la Constitución Política de Colombia y la Ley 1475 de 2011 prohíben taxativamente la financiación externa de cualquier tipo de campaña en el país, con sanciones que van desde la pérdida de investidura para quien resulte electo con tal patrocinio internacional, hasta la pérdida de la personería jurídica para las fuerzas políticas que lo avalen.
Hoy en día, es un secreto a viva voz que la fortuna de Oswaldo Cisneros provenía en sus últimos años de negocios vinculados al narcotráfico internacional. Ha quedado en evidencia. Cisneros trataba de recuperarse de las grandes pérdidas que sufrió en su patrimonio luego de una asociación con PDVSA que no resultó como entonces se la presentaron para convencerlo.
En Venezuela, nadie parece haberse enterado de que no era la primera vez, en tiempos recientes, que la opinión pública colombiana dudaba del origen y la legalidad de los recursos que podían llegar de la mano de Luis Giusti y su Pacific Rubiales, y de Calderón Berti con su Vetra Energy, a las campañas del uribato.
Desde el año 2002, estos actores se mudaron al vecino país, luego de salir derrotados por Chávez en el llamado paro petrolero.
LA BORRACHERA DEL ÑEÑE PARA CELEBRAR EL TRIUNFO
LA BORRACHERA DEL ÑEÑE PARA CELEBRAR EL TRIUNFO
“Me invitaron con Duque y me metí una [borrachera] hasta las tres de la mañana que estuve allá”, le contó “Ñeñe” a un interlocutor no identificado durante una conversación telefónica del 7 de agosto, cuando se dirigía a la posesión presidencial, en la plaza de Bolívar. La conversación, que se reproduce completa en esta entrega con otras tres (en audio y por escrito), incluye este diálogo:
Hombre desconocido: ¿Estuvieron con Duque allá?
Ñeñe: Sí, sí, sí, sí, sí.
Hombre desconocido: Aquí tengo un botellón de vino de tres litros que vale 1.400.000 pesos.
Ñeñe: Para que nos lo tomemos.
Hombre desconocido: Para que nos lo tomemos, ¿oyó? En el siguiente viaje. Me lo regaló un señor que es lo más fino de Argentina…
Grabación 1: Audio – 6 de agosto de 2018 10:00pm
Grabación 2: Audio – 7 de agosto de 2018
Grabación 3: Audio – 7 de agosto de 2018
Grabación 4: Audio – 7 de agosto de 2018
Tony Intriago, reclutador de militares-sicarios colombianos, organizó con Iván Duque en 2019 el concierto de Cúcuta contra la narco-tiranía de Nicolás Maduro
Hoy muchos han olvidado a Antonio “Tony” Intriago, el reclutador de los militares-sicarios colombianos que intentaron un magnicidio en Haití. Intriago era muy cercano a los Van Duque.
Ambos coincidieron el 23 de febrero de 2019 en el célebre concierto realizado en la ciudad colombiana de Cúcuta, con el que se “repudió” la tiranía venezolana.
Tony Intriago fue uno de los organizadores del concierto. En esa ocasión compartió con Iván Duque y con Juan Guaidó, quien llegó acompañado por jefes de la organización narcotraficante y sicarial colombiana Los Rastrojos.
El concierto “Venezuela Somos Todos” desembocó en un escándalo relacionado con el robo del dinero de las donaciones que fueron recaudadas.
El primer contacto conocido de Duque con Intriago está fechado en Miami, el 10 de febrero de 2018.
Por otra parte, Tony Intriago, a través de su empresa CTU Security, fue proponente para obtener el contrato de la fracasada Operación Gedeón I, dirigida por el publicista venezolano J.J. Rendón. Se trataba de un plan encaminado a derrocar a Nicolás Maduro, pero resultó ser un fiasco, en el que incluso se utilizaron dos lanchas artilladas de la Marina de Guerra colombiana, que terminaron decomisadas por el gobierno venezolano.
Esta operación no fue finalmente contratada a Intriago, sino a la firma Silvercorp.
Uno de los dirigentes de Gedeón I fue el mayor general venezolano Clíver Alcalá Cordones, conocido por sus vínculos con el difunto narcotraficante colombiano José Guillermo Hernández Aponte, alias Ñeñe, quien compró votos para la elección de Duque en al menos cinco departamentos del norte de Colombia.
Alcalá fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente se encuentra preso por narcotráfico y declarando contra el gobierno venezolano.
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