Un día laboral como cualquier otro, entre los meses de abril y mayo del 2008, siendo Tarek William Saab gobernador del estado Anzoátegui y Hugo Chávez presidente de la República, una comisión especial del CICPC, enviada expresamente desde la ciudad de Caracas, apenas amanecía, tomaba por completo la manzana circundante a la casa de mis suegros en Lechería.
Iniciaban un gran operativo para ejecutar una orden de allanamiento emitida por una jueza penal de Caracas. La intención era capturarme “in fraganti” trabajando desde mi computadora y demostrar que yo tenía un “laboratorio” para difundir informaciones que afectaban a poderosos personajes vinculados al alto gobierno.
Dicho tribunal había iniciado una investigación para determinar responsabilidades por la difusión de unas imágenes correspondientes a la escena del crimen del apartamento donde apareció muerto el periodista “ancla” del noticiero de Radio Caracas Televisión (RCTV), Javier García, quien fue asesinado por un amante por razones pasionales.
La policía de Lechería, siguiendo órdenes expresas del entonces alcalde Gustavo Marcano, fue especialmente diligente en el asedio que duró varias horas, hasta que llegó la respectiva orden de allanamiento, tres o cuatro horas después, ya que no la tenían y, por lo tanto, mi esposa no les permitía ingresar.
Marcano aprovechaba así la oportunidad para vengarse por las denuncias sobre graves hechos de corrupción que se cometían en su gobierno y que publiqué en las páginas de Reporte Diario de la Economía.
Yo tenía varias semanas sin pernoctar allí, porque estaba peleado con mi esposa. Tuve que llamarla para que introdujera los perros en el canil y los dejara ingresar. Previamente, ya habían desconectado la cámara de vigilancia externa, para que no quedara constancia de sus acciones. Contaron hasta con apoyo aéreo de un helicóptero.
El difunto Noel Azócar, quien era el delegado regional para la Defensoría del Pueblo, me había comunicado por teléfono que si no guardaba a los perros en su jaula, los matarían para ingresar.
Le pedí a Azócar que se apersonara en mi casa para garantizar la integridad de mi hijo, que tan solo tenía cinco años. Noel no se atrevió a hacerlo y meses después me confesó que le habían “aconsejado” no presentarse allí, ya que nos vinculaban amistosamente.
La primera gran decepción fue descubrir que la casa era de mis suegros y que los dos vehículos nuevos eran, respectivamente, de mi cuñada y esposa. Afortunadamente, se presentaron miembros del Consejo Local de Protección y permitieron que mi cuñada se llevara a mi hijo, para no presenciar el allanamiento.
No encontraron nada. Lo único que descubrieron fue que yo era babalawo, lo que no les impidió robarse una pequeña cantidad de dinero en efectivo que teníamos ahorrada. La casa la dejaron revuelta, con saña. Se llevaron a mi esposa “secuestrada” a la delegación del CICPC de Puerto La Cruz, como medida de presión para que yo me entregara. Gracias a la eficiente gestión del abogado Armando Orocopey, quien todo el tiempo la acompañó, fue dejada en libertad al final del día. A esa hora, yo me encontraba fuera de Venezuela. Había salido por vía terrestre a Cúcuta, sellando mi pasaporte en el puesto de migración y sin problema alguno.
El gran botín fue la incautación del disco duro de nuestra computadora, una laptop que recientemente había comprado mi esposa, un portarretratos digital y mi certificado de locución original (N.º 21149).
A pesar de que las imágenes habían sido difundidas por la abogada Emelina Morillo, debían dar cumplimiento a la persecución ordenada por la entonces Fiscal General Luisa Ortega Díaz y Hugo “El Pollo” Carvajal, quien juró que me aprendería vivo o muerto.
Tan solo dos semanas antes había denunciado, en una extensa declaración ante el Ministerio Público, a los autores intelectuales del asesinato de Pierre Gerges, algunos de los implicados en el homicidio de Danilo Anderson, así como las actividades ilícitas de Pedro Luis Martín Olivares, Eligio Cedeño y Gustavo Arraiz.
Cuando salí del país no había una orden de aprehensión en mi contra. Por lo tanto, no me fugué.
“Una orden de aprehensión, en términos legales, es una orden judicial que autoriza a las autoridades a detener a una persona y llevarla ante un juez, generalmente por no comparecer ante la justicia o por incumplimiento de una orden judicial. Esta orden es diferente a una orden de arresto, que se emite cuando hay motivos para sospechar que alguien ha cometido un delito.”
Llegué a Ciudad de Panamá como turista. Cada tres meses debía salir al exterior, pero en menos de un año mis abogados me asistieron en la gestión para obtener refugio político, el cual me fue otorgado y mantuve durante casi dos años, hasta que de manera voluntaria renuncié y solicitamos residencia en Panamá, la cual mantuvimos hasta que nos residenciamos en Europa.
Para la gestión, reconocimiento y obtención del estatus de refugiado político en Panamá, conté con la asistencia del abogado panameño Jorge Roldán y de otro profesional del derecho que en ese momento representaba en el istmo al bufete de Baltasar Garzón.
Un año después, mi hijo llegó a vivir conmigo. Tenía menos de siete años. Mi esposa se regresó a Venezuela para arreglar todos nuestros asuntos pendientes, ya que sabíamos que no regresaríamos a vivir a Venezuela.
Personalmente viajamos a la sede de INTERPOL, en Lyon, Francia, junto a mis abogados, para dejar completamente establecidas las causas y circunstancias de mis asuntos judiciales en Venezuela, por lo cual nunca prosperó solicitud de alerta alguna en mi contra, a pesar de los repetidos intentos. Nunca he figurado en la lista de INTERPOL.
Actualmente, la causa que alguna vez iniciaron en mi contra en Venezuela está prescrita “absolutamente”, luego de lo cual hemos gestionado sin problema alguno nuestros certificados de antecedentes penales y, en las respectivas embajadas, la renovación de nuestros pasaportes.
En Panamá vivimos buenos y malos momentos. Pero los buenos recuerdos, las amistades cultivadas, la extraordinaria educación que recibió mi hijo, la posibilidad de practicar actividades deportivas con los mejores profesionales, y la tranquilidad, estabilidad y seguridad que nos permitió sobrevivir, adaptarnos y prosperar, marcaron profundamente esa etapa de nuestras vidas.
Tanto así que llegamos a mudarnos a uno de los condominios más exclusivos de la capital, pudimos comprar para mi esposa una segunda camioneta (de alta gama), brindarle la mejor atención médica privada, y mi esposa junto con mi cuñada fundaron una empresa de accesorios femeninos que tuvo mucho éxito. Incluso, fundamos la primera academia de porteros de Panamá, en el año 2012.
La academia fue una experiencia maravillosa. La fundamos junto a mi suegro porque nuestro hijo jugaba para las ligas menores de un equipo profesional de la Serie A italiana y había decidido convertirse en portero. Para brindarle la mejor formación posible, reunimos al mejor equipo humano disponible en Panamá.
Llegamos a tener 50 alumnos, un staff de 12 profesionales, médico deportivo, psicóloga deportiva, estrellas del fútbol panameño, entrenadores certificados por la UEFA, entre otros.
Aun en su mejor momento, difícilmente generábamos lo suficiente para cubrir los gastos operativos. Pero valió la pena: ayudamos a cambiar vidas. Becamos a jóvenes de escasos recursos, generamos fuentes de trabajo para profesionales excepcionales, apoyamos a talentosos jugadores profesionales que carecían del respaldo del Estado, e hicimos importantes aportes para elevar el nivel del fútbol profesional en Panamá. Cada segundo, cada dólar, cada gota de sudor valió la pena para que nuestro hijo viviera la experiencia que marcaría su vida.
Iniciamos operaciones en un pequeño centro deportivo ubicado en Costa del Este, cerca de nuestra casa, que se llamaba “Gol de Oro”, y terminamos cuando nos integramos a un equipo profesional de la liga local, con el cual estrenamos el entonces recién construido Estadio Maracaná, en El Chorrillo.
La administradora de “Gol de Oro” nos firmó un contrato por un año, que se pagaría al vencimiento, por un monto con un descuento especial. Justo antes de la fecha límite fuimos a pagar y nos encontramos con la “sorpresa” de que debíamos pagar el doble de lo acordado. Unilateralmente, ellos anularon el contrato que habían firmado la administradora y mi esposa, ya que, según argumentaron, yo no tenía cualidad legal en la empresa.
Tania —la administradora— nos informó que su jefe no había aceptado el descuento, y que si reclamábamos, la despedirían. Ella era madre soltera y único sostén de su familia. Como la queríamos mucho y nos habíamos hecho amigos, accedimos a pagar de forma fraccionada. Me tardé, pero al final pagamos la totalidad de la deuda, de acuerdo a mi cuenta.
No conformes con eso, “Juanma” nos informó que debíamos pagar un recargo de más de mil dólares por el retraso. Allí comenzó la desgracia. Mejor habría sido tolerar su bullying y pagarle callado.
Cada vez que me retrasaba, el socio principal —Juan Manuel Henríquez Portuondo— me llamaba para amenazarme, regañarme y proferirme los peores y más humillantes insultos. Por lo general, sus llamadas coincidían con momentos en los que me trasladaba con mi hijo a alguna actividad. La llamada, en “manos libres”, se escuchaba por los parlantes del vehículo, y mi hijo oía cómo este individuo me humillaba, irrespetaba y me acosaba a niveles superlativos.
Él tenía solo 13 años, y un día decidió enviar, desde el teléfono de un alumno de la academia de fútbol del humilde barrio El Chorrillo, varios mensajes (SMS) a Juan Manuel Henríquez, diciéndole que “si seguía jodiendo lo iban a matar y picar”, y junto al texto, una imagen de una pistola.
Resulta que Henríquez era yerno de Laurentino Cortizo —supuesto hijo no reconocido del dictador Omar Torrijos—, quien en ese momento era Secretario General del PRD (partido de izquierda fundado por Torrijos). A través de sus abogados del bufete Morgan & Morgan (verdaderos responsables del escándalo de los Panama Papers), certificaron la veracidad de los supuestos mensajes, que imprimieron y certificaron en una notaría pública.
Pocos días después, una comisión de la DIJ (policía judicial), armada con fusiles, allanó nuestro apartamento en el piso 66 del PH Ocean Two, en Costa del Este, sin orden judicial alguna. Me exigieron el pago inmediato de 50 mil dólares para dejar el asunto así. ¿De dónde? Alguien les daba instrucciones por teléfono y les indicaba dónde registrar.
Me trasladaron a una “base de la DIJ” que funcionaba en una casa particular ubicada en la urbanización San Francisco. Allí estuve hasta finalizada la tarde. Luego fui trasladado a la sede central de la DIJ, donde pasé la noche. Al día siguiente, muy temprano, apareció la abogada que me asistiría. Nos comunicamos a través de un vidrio. Primero debía aceptar el monto de sus honorarios, más lo que exigían los funcionarios de la DIJ y la fiscalía: los mismos 50 mil dólares. Podía pagarlos a lo largo del año. Acepté, no tenía otra opción.
Esa misma tarde fui trasladado al despacho del fiscal antipandillas Nathaniel Murgas. Al llegar, y siguiendo órdenes de Cortizo, me bajaron dos cuadras antes del edificio AVESA, en plena hora pico, y me obligaron a caminar esposado de manos y pies por la concurrida Vía España.
Murgas omitió de mi declaración todos los señalamientos que comprometían a “Juanma”. La investigación duró un año. Durante ese tiempo, le hicieron experticias a los teléfonos celulares de mi esposa y el mío, por lo que debimos pagar una “cuota especial” de 5 mil dólares para no ser incriminado. Todas las semanas debía presentarme en el despacho del fiscal Murgas para pagar en efectivo. Me amenazaron: si los denunciaba, nos declararían incompetentes para ejercer la patria potestad de nuestro hijo, sería declarado culpable y trasladado a una cárcel de menores.
Pasado el año, Murgas fue promovido por el gobierno de Varela a un cargo más importante y decidió pasarme a juicio.
Aún persistía el viejo sistema judicial en Panamá. No se me permitió hablar en mi defensa y la abogada no pudo presentar su escrito, ya que, según ellos, era extemporáneo. En primera instancia me condenaron a una pena menor: 40 meses, por lo que nunca estuve detenido.
Ya teníamos residencia en Europa. Nada nos detendría. Mi hijo concluiría el Bachillerato Internacional en la Unión Europea.
Inmediatamente apelamos. Cambié de abogada. Contraté a la prestigiosa Guillermina McDonald.
Reseña curricular Guillermina Mc Donald
Pasaron dos años y el tribunal superior no nos había dado respuesta. Decidimos que mi esposa, junto a mi cuñada y mi hijo, se marcharan a Europa para no perder el cupo y el año escolar, que ya habíamos pagado por adelantado. Se mudaron sin mí.
Yo me quedé dos años más viviendo solo en Panamá, en un hotel ubicado en el barrio judío. Introdujimos un recurso de consulta y tardaron tres meses en responder, además de las frecuentes coimas que exigían los magistrados. Si la apelación llegaba al Tribunal Supremo, podían tardar hasta 15 años en emitir una respuesta.
Me la jugué. Contraté al abogado Leonardo Paul Aparicio.
Trasladamos la causa al nuevo Sistema Penal Acusatorio, donde todos los procesos son orales y expeditos. Por atreverme a “desafiarlos”, Nito Cortizo ordenó a una jueza y una fiscal que me revocaran la libertad y me recluyeran en una cárcel.
Mi magistral abogado las denunció y las desenmascaró ante un tribunal colegiado, constituido por tres magistrados. En un solo día, y luego de una sesión maratónica, revocaron la medida que pretendía enviarme a prisión. El tribunal aceptó la propuesta de mi defensa de conmutar lo que restaba de pena —tasada en 10 mil dólares— y ordenó que se levantaran todas las medidas en mi contra.
La conmutación de la pena, en el ámbito legal, se refiere a la facultad del poder ejecutivo o, en algunos casos, de una autoridad judicial, de sustituir una pena impuesta por una menos severa, como cambiar una pena de prisión por trabajo comunitario o una multa. Es una forma de gracia o beneficio para el condenado, que busca una adaptación social más favorable.
Dos semanas después, salí definitivamente de Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en primera clase, vía Ámsterdam. Viajé vestido con traje formal y corbata. Iba cargado de regalos para mi familia, y cuando finalmente pude abrazar a mi hijo, ya estábamos a finales de 2018.
De las gestiones migratorias se encargó mi otro abogado, Luis Eduardo Camacho González, quien fue viceministro de Justicia.
Nathaniel Murgas fue destituido por la gran cantidad de denuncias en su contra. Milord, el abogado de Morgan & Morgan que asistió a Juan Manuel Henríquez Portuondo, se suicidó, y ni una nota de duelo le publicaron.
Laurentino Cortizo fue electo presidente de Panamá y encabezó el gobierno más corrupto en la historia del país. La hija de Nito se divorció de Juanma y anunció públicamente su homosexualidad y su matrimonio con otra hermosa mujer.
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