Una reciente investigación fiscal ha sacado a la luz serias irregularidades en un contrato millonario suscrito por la estatal venezolana PEQUIVEN, específicamente en la rehabilitación del Tren 1 de Fertilizantes del Complejo «Ana María Campos», ubicado en el estado Zulia. La omisión de la Consultoría Jurídica, órgano encargado de garantizar la legalidad de estos procesos, es especialmente preocupante: no solo no actuó, sino que estaba implicada.
Un contrato millonario sin garantías
El contrato, firmado en 2018 entre PEQUIVEN y la empresa Valprotech Internacional Limited, fue por un monto de 85,3 millones de dólares, con un anticipo de 17 millones de dólares. Este adelanto debió haberse protegido mediante un fideicomiso tipo Escrow, mecanismo legal que retiene los fondos hasta que se cumplan ciertas obligaciones. Sin embargo, el dinero fue desembolsado en junio de 2018 sin dicha garantía, violando el artículo 122 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
La fianza de respaldo fue presentada más de un año después, en octubre de 2019, cuando el daño ya era evidente. A pesar del incumplimiento contractual, esta garantía nunca fue ejecutada.
Incumplimientos graves por parte de Valprotech
El informe fiscal detalla múltiples fallas por parte de la contratista:
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No entregó el 50% de los materiales al iniciar las obras.
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Trasladó equipos del Tren 1 al Tren 2 sin autorización previa.
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No presentó avales de obra, como consta en el acta de inspección de 2019.
Pese a estas irregularidades, PEQUIVEN no tomó medidas legales, ni se abrieron investigaciones internas.
Silencio e inacción de la Consultoría Jurídica
Aunque el informe no menciona directamente a la Consultoría Jurídica, el análisis comparativo evidencia su inacción sistemática:
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No supervisó el contrato ni verificó la cesión del mismo desde la empresa original (AISCA) a Valprotech, a pesar de que AISCA no cumplía con los requisitos exigidos por ley.
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Ignoró el artículo 6 de las Normas de Control Interno, que establece la obligación de proteger los recursos públicos.
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No reaccionó ante las pérdidas millonarias derivadas de la paralización del proyecto, ni promovió medidas legales o disciplinarias.
Esta omisión ha generado suspicacias sobre una posible red de encubrimiento.
Funcionarios señalados y estructuras paralelas
El caso implica a altos exfuncionarios de PEQUIVEN, entre ellos:
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César Alberto Salazar, presidente de la empresa entre agosto de 2019 y septiembre de 2020.
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Pedro Tellechea, presidente desde septiembre de 2020 hasta agosto de 2023.
Además, aparecen mencionados Johann Gregor Hoffman Raytler, Luis Alejandro León Morantes y María Martínez Barsabe, quienes no solo participaron en la firma del contrato, sino que han sido protegidos institucionalmente, a pesar de su presunta responsabilidad en los hechos. Fuentes internas los vinculan con servicios de inteligencia del gobierno de Iván Duque, lo que añade una dimensión internacional al escándalo.
Estructura opaca y falta de respuestas
La funcionaria a cargo de la Consultoría Jurídica de PEQUIVEN en el período 2022-2023 fue designada en el marco de una estructura de poder que se mantiene desde 2017. Hasta la fecha, no ha emitido declaraciones ni ha respondido a los señalamientos del informe fiscal.
Analistas y expertos en derecho administrativo exigen auditorías independientes y alertan sobre una “infiltración sistemática” de intereses privados en áreas estratégicas de la administración pública.
Antecedentes inquietantes
Valprotech Internacional Limited fue constituida en Venezuela en 2013. Un año después, en 2014, se inscribió una entidad homónima en Londres, utilizando como dirección en Caracas el Edificio Saule en Chacao. El nombre del operador de ambas entidades, Johann Hoffman, quien además es corredor bursátil autorizado por Sunaval, evidencia la conexión directa entre ambas organizaciones.
El caso Valprotech representa un ejemplo alarmante de descontrol, impunidad y posible corrupción dentro de una empresa estratégica del Estado venezolano. Un anticipo millonario sin garantía, una obra inconclusa, funcionarios protegidos y una consultoría jurídica que no actuó conforman un expediente que debería motivar acciones inmediatas.
La paralización del proyecto ha bloqueado ingresos clave por la venta de fertilizantes, afectando directamente la producción nacional. El silencio institucional solo agrava la situación.
Este escándalo subraya la necesidad urgente de implementar reformas estructurales en los procesos de contratación pública que garanticen transparencia, rendición de cuentas y la protección efectiva de los recursos del Estado.
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