El velo corporativo que durante años pareció proteger a los artífices del descalabro financiero del Banco del Orinoco N.V. (BdO) ha comenzado a rasgarse de manera definitiva. Este jueves, 2 de octubre de 2025, el síndico encargado del proceso de quiebra en Curazao desveló una información capital que confirma las sospechas que sobrevolaban el caso desde sus inicios: el pasado 24 de marzo se interpuso una denuncia penal por fraude concursal.
La acción judicial, un misil directo a la línea de flotación del entramado empresarial, apunta sin rodeos a las más altas esferas del grupo. En el centro de la diana se encuentra Víctor José Vargas Irausquín, señalado como el beneficiario final de toda la operativa. Junto a él, la denuncia incluye a sus empresas instrumentales, Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. y el Banco Occidental de Descuento (BOD), así como a los exdirectores del BdO que ejecutaron las decisiones: Joel Santos Tobio, Santos Alonso Ramos y el aristócrata Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú.
La acusación es demoledora y se fundamenta en cargos de extrema gravedad. Se les imputa la presunta comisión de fraude concursal, conocido en la legislación local como *bedrijflijke bankreuk*, a través de la apropiación indebida de activos pertenecientes a la masa concursal por una cifra de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Por si fuera poco, la denuncia también contempla el delito de falsificación, atribuido directamente a Vargas y a su principal vehículo inversor, Cartera de Inversiones. Este movimiento judicial no es un hecho aislado, sino la formalización de una batalla que busca recuperar los fondos de miles de ahorristas damnificados.
Fragmento de correo divulgado el 2 de septiembre de 2025 por el síndico de la quiebra a acreedores del Banco del Orinoco.
Fragmento de correo divulgado el 2 de septiembre de 2025 por el síndico de la quiebra a acreedores del Banco del Orinoco.
Crónica de un fraude anunciado: La búsqueda implacable de activos
La denuncia penal formalizada en marzo es la culminación de un camino sembrado de indicios que apuntaban a un desfalco planificado. Fue el propio Banco Central de Curazao quien, en 2019, encendió las alarmas al señalar la existencia de «documentación no legítima», una elegante manera de aludir a lo que desde el primer momento olía a una quiebra fraudulenta. Ahora, con la sentencia de quiebra ya firme, la labor de la sindicatura ha mutado hacia una cacería sin cuartel de los bienes dilapidados.
El objetivo es claro y ha sido comunicado sin ambages: perseguir los activos allá donde se encuentren para resarcir a las víctimas. Los fondos del Banco del Orinoco simplemente se esfumaron, y la sindicatura ha puesto el foco principal sobre Cartera de Inversiones Venezolanas, la presunta receptora de la fortuna desaparecida. La estrategia no se detiene en las personas jurídicas; se busca traspasar el escudo societario para exigir la responsabilidad personal y directa tanto de los directores como del beneficiario final, Víctor Vargas, por las decisiones que condujeron al colapso.
Este endurecimiento de la vía penal llega después de que fracasaran maniobras que buscaban una salida más cómoda para los implicados. Un ejemplo claro fue el plan de composición que, en su momento, fue presentado como una solución para los acreedores. Sin embargo, muchos de los afectados y sus representantes legales se opusieron frontalmente a dicha propuesta, al interpretarla no como un gesto de buena voluntad, sino como una artimaña calculada para evadir responsabilidades y dejar en la impunidad a los culpables, mientras muchos depositantes, sorprendidos en su buena fe, seguían atrapados en la telaraña.
El engaño de la aristocracia: Los yernos de Vargas y la confianza de los ahorristas traicionada
La amarga ironía para los cientos de ahorristas atrapados en este desastre financiero es que la confianza que depositaron en el banco fue, en parte, cimentada por figuras de alto perfil como Luis Alfonso de Borbón. Las prácticas de seducción de capitales quedaron expuestas ya en el año 2019 en un contundente reportaje de la cadena de televisión española La Sexta, donde damnificados relataron en primera persona cómo el bisnieto de Franco y miembro de la junta directiva era el rostro visible de la solvencia. Se reunía personalmente con ellos en Caracas para asegurarles la solidez de sus inversiones, un teatro diseñado para captar y retener capitales que acabarían por desvanecerse.
En esta trama familiar de opulencia y presunto fraude, Luis Alfonso de Borbón no estaba solo. Junto a él, también en un segundo plano, pero no por ello menos relevante, se encuentra Francisco D’Agostino, el otro yerno de Víctor Vargas. Ambos figuran como corresponsables silentes del esquema, prestando su nombre y su estatus a un entramado que operaba bajo el paraguas del Grupo Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. y que ha dejado un reguero de víctimas a su paso.
Mientras la justicia penal estrecha el cerco, el grupo liderado por Vargas ha intentado ejecutar sus propias maniobras para controlar los daños. Han difundido que un supuesto grupo de 687 acreedores habría aceptado un plan de pago propuesto por ellos, que sumaría 381 millones de dólares. Sin embargo, fuentes expertas en el caso desmontan esta narrativa, calificándola como una propuesta que carece de cualquier tipo de sostenimiento, tanto desde el punto de vista jurídico como del económico, y que parece más una estrategia propagandística que una solución real para los afectados.
Más allá de Curazao: La dimensión internacional del fraude
El caso del Banco del Orinoco no es la historia de la caída de una entidad aislada, sino el epicentro de un terremoto financiero cuyas réplicas se extendieron por todo el Caribe. La investigación ha destapado que la entidad en Curazao era solo una pieza, quizás la más visible, de un vasto esquema de captación de capitales que operaba a través de múltiples jurisdicciones. La red de entidades bancarias controladas por el grupo se extendía por enclaves estratégicos como Panamá, República Dominicana y Antigua y Barbuda, funcionando como un sistema de vasos comunicantes para mover y, finalmente, hacer desaparecer el dinero.
Esta estructura transnacional explica la magnitud del desfalco. La cifra de 1.500 millones de dólares que ahora se maneja en la denuncia penal no es una estimación improvisada. De hecho, confirma los cálculos que analistas y expertos del caso habían anticipado hace más de cinco años, cuando ya advertían que la suma total comprometida en el entramado superaba con creces los 1.150 millones de dólares. La realidad, revelada ahora por la sindicatura, ha resultado ser todavía más desoladora, evidenciando la escala industrial de la operación.
La presión judicial sobre Víctor Vargas y su cúpula no proviene de un único frente. La denuncia interpuesta por la sindicatura es la más contundente hasta la fecha, pero no es la única. En paralelo, diversos grupos de acreedores, representados por sus propios equipos legales, también han iniciado acciones penales en Curazao contra las mismas personas y entidades. Se está tejiendo una red legal cada vez más densa alrededor de los responsables, con el fin de quebrar cualquier estrategia de defensa y asegurar que la búsqueda de justicia sea implacable y coordinada.
El lento avance de la justicia: Un clamor por sentencias ejemplarizantes
El camino hasta la formalización de esta denuncia penal ha sido largo y ha estado marcado por un deliberado hermetismo. La información sobre la acción judicial, interpuesta en marzo, no se hizo pública hasta ahora, tras casi seis meses de espera. Este lapso evidencia el carácter meticuloso y la profundidad de las pesquisas llevadas a cabo por la sindicatura, que ha actuado con la cautela necesaria para construir un caso sólido, evitando divulgar datos que no estuvieran plenamente verificados y contrastados. Esta prudencia ha sido fundamental para no contaminar el proceso ni dar pábulo a la avalancha de informaciones no confirmadas que rodean un escándalo de esta magnitud.
Ante la contundencia de los nuevos hechos, se renueva el llamado a la acción para aquellos acreedores que aún permanecen a la deriva, sin representación legal en la causa. El mensaje es unívoco: es imperativo buscar asistencia profesional para sumarse a las acciones legales que buscan la recuperación de los fondos. Existe una red de colaboración entre los distintos bufetes de abogados que representan a los damnificados, intercambiando información y estrategias para fortalecer un frente común contra los responsables del descalabro.
La comunidad de afectados y los expertos que siguen el caso coinciden en un punto crucial: este proceso no puede terminar como tantas otras liquidaciones bancarias, donde el banquero sale indemne. El clamor es por sentencias ejemplarizantes que rompan el histórico ciclo de impunidad. La expectativa es que la justicia internacional, en este caso la de Curazao, logre establecer las responsabilidades penales y civiles que en otras latitudes, como la venezolana, a menudo se diluyen. Es el momento de que todos los señalados, desde Víctor Vargas hasta los miembros de su junta directiva, incluyendo a Joel Santos Tobío, Santos Alonso Ramos y Luis Alfonso de Borbón, comparezcan y rindan cuentas sobre el destino final del patrimonio de miles de ahorradores.
La batalla legal que se avecina será compleja, pero representa la única esperanza para miles de familias y empresas que vieron sus ahorros desvanecerse. El objetivo ya no es solo recuperar una parte del dinero, sino sentar un precedente para que el poder y la influencia no vuelvan a ser un escudo contra la justicia. El caso del Banco del Orinoco ha dejado de ser una simple quiebra para convertirse en el símbolo de una lucha por la rendición de cuentas, un capítulo doloroso que solo podrá cerrarse cuando los responsables respondan ante la ley por el destino de 1.500 millones de dólares.
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