Las protestas en Panamá se intensifican tras un controvertido acuerdo con EEUU que permite el regreso de tropas al canal, evocando tensiones históricas y descontento social creciente.
Héctor Estepa. Ciudad de Panamá
El Confidencial
13/07/2025
Un monumento en el centro de Ciudad de Panamá recuerda a la veintena de personas que perdieron la vida en el Día de los Mártires, como se conoce en el país centroamericano al jueves 9 de enero de 1964.
Dos figuras humanas de metal avanzan hacia una valla donde hay colgadas banderas panameñas. Esas estatuas representan una jornada clave en su historia, cuando miles de ciudadanos, liderados por los estudiantes, se manifestaron reclamando que la bandera nacional fuese izada en la «zona del canal».
Así se conocía al territorio adyacente al canal de Panamá controlado por EEUU y al que los panameños no tenían acceso.
Seis décadas después se vuelve a protestar en el mismo lugar por un motivo muy similar. El país centroamericano cumple dos meses y medio en una huelga indefinida convocada por sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Son unas protestas nacionalistas. Miles de personas marchan todas las semanas frente al monumento.
Portan la bandera roja, blanca y azul panameña y lanzan consignas patrióticas.
Entre las tres razones principales de las manifestaciones está el muy polémico memorando de entendimiento firmado en marzo entre el Gobierno de Raúl Mulino y la administración estadounidense de Donald
Trump que permite el despliegue de tropas de EEUU en bases situadas en torno al canal por primera vez tras su salida en 1999.
«Es una traición a la patria, es una traición a la memoria histórica, es una traición a los jóvenes que derramaron la sangre por la soberanía»,
‘, clama Norberto Ábrego, un profesor que se manifiesta en uno de los lugares que hace décadas estaban bajo control estadounidense.
Trump inició su mandato en enero asegurando que EEUU debía «retomar» el canal de Panamá debido a la supuesta influencia china en la vía interoceánica y a las sumas de dinero que los barcos estadounidenses tienen que pagar para cruzar, las mismas tasas que abonan las embarcaciones de cualquier otro país del mundo.
«Trump quiere provocar un desastre nacional en este país. Si llegasen a venir los militares y tomar de verdad las bases que ya dejaron y por las que ya peleamos en esta tierra, todo el pueblo panameño se va a tirar a la calle y va a pelear por esta nación», asegura a El Confidencial la abogada Uriela del Carmen en otra de las marchas.
EEUU construyó la vía interoceánica entre 1904 y 1914, tras un frustrado intento de Francia y Washington la administró durante décadas, hasta que, en 1977, tras años de protestas en Panamá, el ex presidente demócrata Jimmy Carter firmó con el entonces líder del país centroamericano, Omar Torrijos, la cesión de la operación de la instalación 22 años después.
Así las cosas, la última base estadounidense en la zona del canal de Panamá echó el cerrojazo el 31 de diciembre de 1999.
Trump busca ahora un trato de preferencia y los suyos argumentan que sin EEUU no habría canal, pero en el país centroamericano existen heridas sin cicatrizar.
Muchos recuerdan no solo las manifestaciones de hace seis décadas sino también la invasión de 1989, cuando 25.000 militares estadounidenses fueron
desplegados en el país para derrocar al entonces dictador y narcotraficante Manuel Noriega.
El registro oficial cuenta 441 muertos, pero en Panamá se reportan, extraoficialmente, hasta 4.000 civiles fallecidos. Muchos señalan extralimitaciones de las fuerzas enviadas por el ex mandatario HW Bush.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó en 2018 indemnizar a las víctimas civiles.
Documentos estadounidenses desclasificados, estudiados por la agencia EFE, apuntan a que hubo 516 muertos, de los cuales 314 fueron militares y gran parte de ellos fueron enterrados en fosas comunes.
«El memorándum echa al olvido aquella innecesaria invasión que se dio en nuestro país donde murieron miles de personas que no han sido contabilizadas ni tampoco indemnizadas por parte del Gobierno
invasor de los EEUU», denuncia Armando Guerra, secretario de Educación del sindicato de profesores, Asoprof, mientras se manifiesta frente a la Asamblea Nacional de Panamá.
Camina delante de una furgoneta en la que se han introducido varios altavoces con los que arenga a los manifestantes al grito de
«unidad» y «abajo este Gobierno vendepatria». El sonido se cuela por entre
las banderas y retumba en las ventanas de los comercios cercanos.
«Este memorándum viola el tratado de neutralidad y la Constitución política de Panamá que establece que cualquier tratado, en este caso con los EEUU, tiene que ser considerado y debatido en el Congreso y sometido a un referéndum» denuncia Guerra.
La administración Trump denuncia la influencia de China en el canal. Una compañía con sede en Hong Kong es propietaria de dos puertos a ambas orillas del canal y Washington cree que el ejército chino realiza allí labores de inteligencia y que Pekín incluso podría llegar a cortar la vía transoceánica en caso de conflicto.
La empresa, Hutchison -también gestiona instalaciones en España- aseguró hace unos meses que iba a vender esos puertos al fondo estadounidense Blackrock, tras haber dado Trump su visto bueno a la operación, pero la reticencia del Gobierno chino ha frenado el pacto, aunque se está más cerca de la luz verde después de que empresas chinas respaldadas por el Estado, como Cosco, estén cerca de unirse a lo que finalmente sería un consorcio internacional.
El Gobierno panameño ha negado en varias ocasiones que haya operaciones militares chinas en el canal, aunque decidió en febrero no renovar un acuerdo para vincular al país con el mega proyecto de infraestructura china conocido como la Nueva Ruta de la Seda, en lo que ha sido visto como una muestra de buena voluntad hacia EEUU.
Después firmaron el memorando que ahora tiene a parte del país en la calle. La administración de Mulino ha defendido que las bases a las que tendrán acceso las tropas de EEUU permanecerán siempre bajo control de Panamá, y que el país podrá rescindir el acuerdo unilateralmente con un preaviso de seis meses.
También en la calle niegan que China esté operando secretamente en el canal. «Aquí los chinos no tienen bases militares. Ni lo hemos permitido ni lo vamos a permitir. Están usando una excusa barata» , asegura el profesor Guerra.
Tampoco compra el discurso de Mulino.
«EEUU quiere hacer de Panamá una estrella más de su bandera. Así de sencillo. Así ha sido siempre. Lo peor es que este Gobierno ha permitido que el Gobierno estadounidense diga que Panamá es parte de su patio trasero y nuestros representantes jamás han pronunciado una palabra en contra», expone el maestro, refiriéndose a unas declaraciones del secretario de Defensa Pete Hegseth en abril.
«Realmente ven a Panamá como aquel lugar del cual ellos se pueden servir, del cual se están sirviendo a través de la banca porque también quieren el territorio como lugar estratégico», añade. Se ha levantado muy temprano por la mañana para acudir a la sede del sindicato de los profesores a organizar bolsas con víveres que entrega a algunos de sus compañeros en la marcha.
El gremio de maestros asegura que miles de sus miembros no cobran sus salarios desde poco después de que comenzasen los paros, el pasado 23 de abril, y decenas de instituciones educativas suspendiesen las clases. Denuncian que el ministerio de Educación está reteniendo los pagos y avisando de que podrían perder sus puestos de trabajo si no regresan a la docencia.
Mulino denuncia, en cambio, estar siendo víctima de un intento de «desestabilización» por parte de grupos «comunistas» a los que «se les acabó el billete», y en el reciente discurso de informe anual presidencial señaló que la huelga «ya no es una lucha», sino un «secuestro a la educación».
El mandatario, abogado de profesión, llegó al poder hace un año con apenas el 34 % de los votos, aupado sobre la ola de popularidad que le generaba ser el delfín del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). El exmandatario es muy bien recordado por una parte de la población porque la economía panameña aumentó su expansión durante su mandato, pero se refugió en la embajada de Nicaragua en febrero de 2004, al haber sido condenado a diez años de prisión por corrupción, y finalmente se exilió en Colombia en mayo. Mulino le dio el salvoconducto.
«Este Gobierno no ha cedido, ni cederá, un milímetro de la soberanía panameña», ha dicho el presidente, algo que ha repetido también ante las autoridades de EE. UU.; sin embargo, los manifestantes consideran el memorando precisamente como una cesión de soberanía.
Quienes protestan en las calles denuncian represión. Un manifestante ha resultado muerto y se han producido centenares de heridos y detenciones. Los choques más duros entre los manifestantes y las fuerzas del orden se han dado en la provincia norteña de Bocas del Toro, donde grupos de indígenas y trabajadores del sector bananero han bloqueado durante semanas algunas carreteras de la zona.
Allí se protesta especialmente contra la polémica reforma pensional que ha sacado a la gente a la calle, junto al memorando con EE. UU. y al intento de reapertura de una mina operada por una compañía canadiense, declarada inconstitucional por el Supremo después de fuertes movilizaciones en 2023.
Los manifestantes critican que la Ley 462 cambie el sistema de pensiones desde el anterior modelo de solidaridad intergeneracional, similar al existente en España, a un modelo de capitalización individual, como el aplicado en países como Chile, y aseguran que, aunque se aplicará de manera gradual, las pensiones de las futuras generaciones podrían reducirse a la mitad. «La ley va a impedir que la gente pueda salir del campo laboral y que el personal joven ingrese, porque la población va a estar cautiva; va a tener que mantenerse empleada, ya que con la pensión que reciba va a verse condenada a pasar directamente del trabajo a la tumba», critica el profesor Guerra.
El Gobierno asegura que esa reforma era la única forma de salvar las pensiones ante la crisis y la desfinanciación del sistema. La aprobación de la ley provocó una huelga masiva en el potente sector bananero de Bocas del Toro, que ha tenido graves consecuencias. No se anduvo por las ramas la bananera estadounidense Chiquita, heredera de la United Fruit —condenada en Colombia por haber financiado el paramilitarismo y señalada en el siglo XX por instigar golpes en América Latina e incluso por su papel en la «masacre de las bananeras», recreada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad—.
La compañía norteamericana despidió a más de 5 000 trabajadores bananeros en Bocas del Toro y cerró operaciones en el país poco después de iniciada la huelga, aumentando la tensión.
El Gobierno intenta ahora propiciar la vuelta de Chiquita, después de haber llegado a un acuerdo con los trabajadores del sector bananero, aunque la detención de uno de sus líderes sindicales después de la firma del pacto volvió a elevar la tensión durante unos días en junio. No ha sido la única detención de dirigentes sindicales: dos líderes de Suntracs, el gremio de los trabajadores de la construcción —muy reputado en Ciudad de Panamá, una urbe conocida por sus rascacielos—, también fueron arrestados.
Uno continúa en prisión domiciliaria y un tercero, el secretario general Saúl Méndez, saltó la valla de la embajada de Bolivia para refugiarse allí cuando se rumoreaba sobre su posible detención, y continúa en la sede diplomática.
«Yo no investigo a nadie ni mando a arrestar a nadie. Esa potestad no la tiene el presidente de la República», señaló Mulino al respecto, asegurando que hay división de poderes y señalando que es la Fiscalía quien busca a los dirigentes por un supuesto caso de estafa que ellos niegan.
«Están violando nuestra Constitución persiguiendo a dirigentes y a comunidades enteras. Cuando nos dicen a los trabajadores que van a utilizar todo el poder del Estado, pues entonces no hay separación de poderes», comenta Irving Pinzón mientras mete unos banderines de su sindicato en una camioneta. Es muy temprano por la mañana en Ciudad de Panamá y se dirige a uno de los mayores edificios en obras de la ciudad para reclutar a sus compañeros para salir a marchar.
Sube por las escaleras de cemento desnudo, saluda, informa, baja a la calle y toma un micrófono conectado a un potente equipo de sonido para animar al resto a unirse.
Clama contra las «pensiones de hambre» que asegura quedarán con el nuevo sistema de jubilación, y sobre el memorando de entendimiento con EE. UU. critica que el país pueda regresar «a lo que en algún momento denominamos la quinta frontera, donde EE. UU. no permitía siquiera a los panameños cruzar a territorio patrio, donde estaban ellos, a agarrar una fruta».
La crisis en Panamá es muestra de los efectos que puede provocar Trump en la política de terceros países. No son pocos los analistas que han alertado sobre los efectos de desestabilizar a naciones históricamente consideradas como aliadas.
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